El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendieron del cargo e impusieron medidas cautelares a una funcionaria del Poder Judicial sospechosa de contrataciones irregulares. La sospechosa deberá firmar una vez al mes ante la FAPTA y deberá abstenerse de comunicarse con testigos. La investigación, que incluye a un contratista privado, está en curso.