El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó ejecutar una garantía de ¢200 millones que el Partido Nueva República (PNR) puso para acceder a un financiamiento estatal anticipado. El PNR no cumplió los requisitos para acceder a la contribución estatal, según la Constitución Política y el artículo 96. El TSE confirmó que Nueva República no cumplió las condiciones y recuperó los recursos públicos mediante la ejecución de la garantía.