La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que eleva a crimen organizado la minería ilegal en Costa Rica. La iniciativa castiga penas de cárcel de entre 2 y 8 años a quienes desarrollen actividades mineras en áreas protegidas, y de 2 a 6 años a quienes promuevan, financien o obtengan beneficio para sí o para terceros de actividades mineras ilegales. El texto pasará ahora al Poder Ejecutivo para su firma.