La Asamblea Legislativa utilizó una maniobra para desacatar la Sala Constitucional, impidiendo la elección de magistrados suplentes. Esto plantea serias preocupaciones sobre la separación de poderes y la seguridad jurídica. La Sala Constitucional ordenó a la presidenta del Congreso que coordine la elección de los suplentes, pero la fracción oficialista PPSO la ignoró. La Sala Constitucional denunció a los diputados del PPSO por desobediencia, pero la inmunidad de los diputados podría permitir que sigan ignorando el fallo. La falta de magistrados suplentes afecta a ciudadanos comunes.