El proyecto de ley que reforma la Ley de Armas y Explosivos (No. 7530) requerirá un mayor presupuesto para el OIJ, que enfrentará peritajes más costosos y una mayor carga de trabajo. Esto afectará el funcionamiento del Poder Judicial, que ya enfrenta una ley de hace 30 años que no regula el trasiego de municiones.