Los diputados aprobaron una reforma a la Ley General de Policía que crea una póliza legal para cubrir los gastos legales de los policías demandados. La póliza cubre responsabilidad patrimonial y gastos de representación legal, con límite de hasta 50 salarios base. Se excluyen de la protección casos de alcohol, drogas ilegales, o conducta contraria al ordenamiento jurídico.