La Sala Constitucional respaldó una prohibición de propaganda política en centros educativos, declarando inconstitucional algunas disposiciones y anulando otras. La resolución invalida expresiones como ‘captación’ y ‘adoctrinamiento ideológico’, pero deja sin efecto el uso de medios educativos para favorecer o descalificar partidos políticos. La Sala condena al Estado al pago de costas y daños por los hechos que dieron origen a la sentencia.