La presidenta Laura Fernández debe revisar los contratos públicos por sospechas de irregularidades. Señala la mano dura para el delito en su propia casa. La Contraloría General de la República y cualquier ciudadano deben tener acceso a las razones de las excepciones previstas en la ley. El Cuerpo de Bomberos recibió una instrucción de Fernández para adjudicar a una empresa brasileña, lo que ha generado dudas sobre la transparencia.